Según cifras tomadas del censo agropecuario de
1993, las comunidades campesinas ocuparían aproximadamente el 40% del territorio del país y su población
ascendería a cuatro millones de personas según un alcance conservador (Valera,
1998). Sin embargo, desde las ciudades más importantes y en particular desde
Lima, las comunidades aparecen relegadas y marginadas de los procesos globales
de desarrollo económico y social: se hallan en situación de pobreza; y el
crecimiento económico alarga la brecha entre el mundo urbano desarrollado y el espacio
rural comunal. En los discursos oficiales
del Estado no se les menciona sino como agentes de atraso y resistencia a la modernidad
(García, 2007).
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